Carmen sabía que la vida en una cárcel sería difícil, pero nunca imaginó que se convertiría en su peor pesadilla. Acusada de un delito contra la salud, desde el primer día que ingresó al penal de Topo Chico, en Nuevo León, le leyeron la cartilla: “Aquí mandan los de la última letra –Los Zetas–.
A las bonitas como tú, les tenemos un trabajito especial. Si quieres sobrevivir, no hay de otra: aceptas o te suicidamos. Tú decide”.

Carmen cuenta que para estar en paz tuvo que aceptar las reglas impuestas por el crimen organizado que controla la prisión: “Como no podía pagar la cuota, no había de otra. A las pocas semanas uno de los jefes me dijo que sería su pareja; bueno, una de tantas parejas. Me cuida a cambio de sexo.

Ni modo... es bueno conmigo y con mis hijos”. El hacinamiento en el área de mujeres del penal de Topo Chico es de 63 por ciento.

Hay 604 reclusas, el número se triplicó en los últimos años. La mitad duerme en el suelo y el resto comparte cama de piedra o litera. La comida es escasa y necesitan comprarla, al igual que los artículos de higiene.

Cuarenta y cinco de las internas tienen a sus hijos viviendo aquí.

El trasiego de droga es cotidiano y, lo peor, la explotación sexual es conocida y tolerada por autoridades y custodios.
Una prisión para varones Y es que el Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico, dirigido por Graciela Salazar Robles, es para hombres.

Las mujeres tienen una área, pero conviven con los internos en las zonas de ingreso, talleres y visita íntima: “Por la noche vienen y te dicen: ‘arréglate que te toca ir a la fiesta de los de arriba (autoridades y jefes narcos internos)’”, cuenta Ana, acusada de halconeo, elegida también como esclava sexual.


No es fácil hablar en las áreas de visita familiar. Las internas están prácticamente secuestradas. Impera la ley de silencio y miedo. Hay varios hombres vigilando las conversaciones: “Nos leen los labios”, dice la madre de Gabriela, que pide no hacer preguntas y agacha la cabeza para poder seguir hablando bajito: “Todas están en peligro de muerte.

Las tienen amenazadas. Las maltratan mucho; las desnudan y golpean; las castigan si se atreven a denunciar, las mandan lejos o a un calabozo oscuro sin alimentos durante días, semanas”.

Los “suicidios” y asesinatos en Topo Chico suceden con regularidad.

La explotación sexual ocurre durante las 24 horas. Los “servicios” a los internos se cobran, pero ellas no obtienen ingresos; los custodios y jefes se benefician del cuerpo de las mujeres gratis.

Las “fiestas” son dentro o fuera del penal. “El mero mero es un policía vestido de negro. Él es el que tiene el pase y el que dirige a todos los de adentro”, dice Mónica, intentando no mover los labios y negándose a decir su nombre. “Cuando vienen los soldados nos ponen en fila, nos desnudan y manosean; se burlan de nosotras y nos roban lo poco que tenemos.

Yo les tengo más miedo a ellos que a los de aquí. Todos nos utilizan. Esta no es vida, es un tormento, un horror”. Trata de mujeres El 90 por ciento de las reclusas trabaja en distintas actividades en el penal y les pagan solamente 77 o 98 pesos semanales.

Las secciones Asilo, Almoloya y El Salvadoreño destacan por su hacinamiento. Las reclusas duermen amontonadas en literas y colchonetas en el suelo; sólo disponen de 2.93 metros cuadrados de manera individual (el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes recomienda celdas individuales de 8 y 9 metros cuadrados).

Los datos anteriores corresponden al Estudio sobre la situación de las mujeres privadas de su libertad 2013 elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León: “Se observa que el alojamiento de las internas es insuficiente en cuanto a espacio personal en metros cuadrados y en cuanto a camas.

Además, no cuentan con suficientes corrientes de aire y luz natural; en tanto que las instalaciones de luz artificial son deficientes”, dice el documento adelantado a La Jornada.

El informe elaborado con base en entrevistas a reclusas y custodios no dice nada sobre la explotación sexual de las internas ni de la extorsión o las llamadas “cuotas”: “Tenemos ese conocimiento en ocasiones por familiares que lo comentan, pero no quieren documentarlo.

No tenemos ninguna queja. Hicimos el cuestionamiento pero la gente nos dice que no hay explotación sexual, ni malos tratos”, dice en entrevista Minerva Martínez, presidenta de la CEDH, al señalar la urgencia de construir un penal para mujeres considera Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace, una institución que defiende a personas inocentes de bajos recursos económicos injustamente procesadas.

“Todos sabemos lo que sucede en Topo Chico. Obviamente no hay información oficial, pero hemos escuchado de manera sistemática y tenemos informaciones de que viene sucediendo explotación sexual y es alarmante.

Hay muchos responsables, las autoridades estatales y federales directamente.

Las mujeres son las que más están sufriendo, por el control del crimen organizado dentro de los penales, porque tienen estas prácticas de utilizarlas en cuestiones de sexo y ‘pareja’.”

Para Sánchez Bocanegra, que dirige otras iniciativas como el Observatorio Ciudadano de la Justicia, la explotación sexual dentro de Topo Chico es un claro delito de trata de mujeres: “Es un infierno para las reclusas, peor que estar privadas de su libertad. No tienen la seguridad de su integridad física, emocional o sexual.

Allí adentro el riesgo es mucho mayor que en cualquier otro lugar”. De acuerdo con el informe, en Topo Chico hay una veintena de mujeres con problemas siquiátricos, sólo cuatro están separadas y el resto deambula por el reclusorio.

No hay separación de internas por delitos ni por situación jurídica o peligrosidad, lo que contraviene también los tratados internacionales: “354 están en calidad de procesadas; a 109 ya se les dictó sentencia; 141 cuentan con sentencia ejecutoriada y una obtuvo la libertad el día de la supervisión”.

La urgencia de construir un penal para mujeres no es exclusiva de Nuevo León. De los 420 centros penitenciarios que hay en México, sólo existen 10 estatales y dos federales exclusivos para mujeres. Y aunque 68 cárceles han sido adaptadas para ellas, ninguno cumple con los requerimientos necesarios, según el informe más reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Sin salida La madre de Claudia dice sentirse contenta porque su hija es “pareja” de uno de los jefes narcos que controlan Topo Chico: “Él está aquí por homicidio, pero es muy bueno con ella.

A las mujeres que trabajan con Los Zetas que caen presas les dan un sueldo y a las que pertenecen al cártel del Golfo les cobran ‘cuota’ semanal”.

Dice que lo único que le preocupa es que Claudia se ha vuelto adicta a las drogas y que está aquí por un delito que no cometió: “Ella trabaja desde los 15 años, no tenía vicios, pero como aquí hay de todo, pues ya le entró para darle gusto a él. Tiene que aceptar las reglas”.

La reinserción social de las mujeres privadas de su libertad en México es algo inexistente, dice Marycruz Flores Martínez, representante del Colectivo Plural de Mujeres contra la Violencia, que hace unos años hizo un estudio sobre las condiciones de las internas de Topo Chico: “Están abandonadas.

Nadie se preocupa por ellas; ni el Estado ni ninguna organización que haga una investigación sobre la explotación sexual que sucede desde hace años”.

Recuerda que después de la investigación se enfermó por lo que vio y escuchó: “Es muy fuerte hacer un trabajo allí, por eso nadie se mete.

Las internas sufren todo tipo de discriminación y es por género”. Martín Carlos Sánchez Bocanegra no tiene duda: “Hay que poner el grito en el cielo.

Hay que señalar, denunciar y evidenciar lo que está sucediendo. Estamos espantados de lo que está pasando con las reclusas.

Traemos un atraso de atención penitenciaria en el estado, y en el país, de décadas.

Si como sociedad no le damos respuesta a esto, en cualquier momento explota. Los penales son bombas de tiempo y todos vamos a ser víctimas”.